Al proyecto con media sanción, el ministro de Salud quiere hacerle dos cambios relevantes. Las asociaciones de consumidores afirman que así no se avanzará en una pronta regulación del sector.
Por Sebastián Premici
El ministro de Salud, Juan Manzur, reclamó dos cambios de fondo en la ley que pretende regular a las empresas de medicina prepaga. Durante su participación en el plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia del Senado, todas presididas por la oposición, el funcionario solicitó que la autoridad de aplicación sea sólo para el Ministerio de Salud, sin la injerencia de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor ni de la Competencia, como establecía la media sanción. También propuso quitar de la regulación los “planes superadores” de las obras sociales y las cooperativas. Estos cambios coinciden con los formulados por la oposición y las empresas del sector. Para no perder estado parlamentario, la iniciativa debería ser tratada el próximo miércoles. Un día antes, el plenario firmaría los dictámenes. Las asociaciones de consumidores criticaron las modificaciones sugeridas por Manzur y la oposición.
“La ley es buena, es necesaria, es un sector al que hay que regular”, manifestó en tres oportunidades Juan Manzur, ministro de Salud. Sin embargo, hizo una salvedad: “Quiero hacer dos sugerencias”, lanzó el funcionario al comienzo de la reunión. Las palabras de Manzur cayeron como un balde de agua fría entre las organizaciones de defensa del consumidor. “Los que plantean cambios es porque no quieren que salga la ley. Es así de sencillo”, sentenció a Página/12 Pedro Busetti.
La primera modificación tiene que ver con el artículo 1, donde se fija el objeto de la normativa. El proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Diputados pretende regular a las empresas de medicina prepaga, pero también a los planes de adhesión voluntaria y planes superadores, contemplados por las obras sociales y las cooperativas. Para el funcionario y la oposición, ésta sería una “doble regulación”.
Si se elimina del objeto de la ley referido a las obras sociales también caería el artículo que pretende regular el Fondo Solidario de Redistribución, el famoso APE, manejado por las obras sociales. Esto se creó para que las pequeñas compañías puedan realizar prestaciones complejas, como el financiamiento de los tratamiento de HIV.
“La normativa de Diputados apunta a que los planes superadores que ofrecen las obras sociales con las prepagas no realicen aportes al APE y, por lo tanto, no se financien con esos recursos”, manifestó a este diario Roberto Zorzoli, especialista en temas de defensa del consumidor. En este sentido, el proyecto que impulsa la oposición resulta más benévolo con los intereses de las prepagas, ya que no contemplaría esta restricción. Más allá de la recomendación de Manzur, desde el Peronismo Federal manifestaron a este diario que “no hay mucho consenso sobre este punto”.
La otra objeción que hizo Manzur tiene que ver con la autoridad de aplicación. La media sanción fija como autoridad al Ministerio de Salud y a las establecidas por las Ley de defensa de la competencia y del consumidor (Secretaria de Comercio interior). Sin embargo, el funcionario reclamó que sólo su ministerio sea la autoridad de aplicación. “Sin el involucramiento de Defensa del Consumidor, ¿dónde van a reclamar los usuarios por los abusos en los contratos o aumentos de precios indiscriminados?”, señaló a este diario Busetti.
“La normativa tiene que salir tal cual está. Después podremos realizar algunos cambios por ley”, manifestó Beatriz Rokjés de Alperovich. La legisladora por la provincia de Buenos Aires, Hilda “Chiche” de Duhalde, asentía con la cabeza. La senadora cuestionó la oposición ejercida por las empresas privadas. “Dudo mucho que vayan a quebrar por esta ley”, sostuvo. El tema empezará a definirse la semana que viene, cuando en un nuevo plenario fijado para el martes los distintos bloques firmen los dictámenes para intentar ir al recinto al día siguiente. Las asociaciones de consumidores se retiraron del recinto poco conformes con el resultado del encuentro.
Fuente: Pagina 12
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miércoles, 17 de noviembre de 2010
CONTROVERSIAS EN EL SENADO POR LA LEY DE PREPAGAS
Se regula mucho, poquito, nada
Por Sebastián Premici
Los senadores de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia, todas presididas por la oposición, intentarán emitir hoy un dictamen sobre el proyecto de ley que pretende regular a las empresas de medicina prepaga. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara baja y, de no ser tratada este año en el recinto, perderá estado parlamentario. El Frente para la Victoria quiere aprobar la media sanción tal como llegó de Diputados, mientras que el radicalismo y algunos senadores del Peronismo Federal impulsan modificaciones de fondo, que coinciden con las objeciones realizadas por las propias empresas del sector.
Unas de las principales modificaciones tiene que ver con la autoridad de aplicación. La propuesta de Diputados fija como autoridad al Ministerio de Salud y las establecidas por la Ley de defensa del consumidor y defensa de la competencia, que dependen de la Secretaría de Comercio. Sin embargo, los cambios de la oposición quitan del medio las dos últimas normativas. “Con la excusa de dejar afuera a (Guillermo) Moreno, en realidad se deja desprotegidos a los usuarios frente a los abusos empresarios”, indicó a Página/12 Roberto Zorzoli, especialista en temas de defensa del consumidor y asesor técnico en la redacción de la ley.
El proyecto fue elaborado por las ex legisladoras Patricia Vaca Narvaja y Graciela Rosso (FpV), y establece que los usuarios no pueden ser excluidos de la prestación de las prepagas por enfermedades preexistentes. En cambio, la propuesta de la oposición fija como criterio que dichas condiciones de salud “podrán ser tenidas en cuenta a efectos de la admisión de nuevos usuarios”. Por otro lado, el proyecto que impulsa José Cano (UCR), el titular de la Comisión de Salud, pretende quitar de la normativa a las pequeñas empresas que brindan un servicio con un padrón de usuarios inferior a 5000, básicamente administradas por mutuales y cooperativas.
Uno de los puntos centrales de la media sanción tiene que ver con el Fondo Solidario de Redistribución, el famoso APE manejado por las obras sociales. “Este fondo se creó para que las pequeñas compañías puedan realizar prestaciones complejas. Pero la realidad indica que las grandes empresas utilizan el APE para financiar los tratamiento de HIV u oncológicos. Por eso esta ley impulsa que los planes superadores que ofrecen las prepagas en conjunto con las obras sociales realicen aportes al APE y por lo tanto no se financien con esos recursos”, agregó Zorzoli. El proyecto que impulsa Cano, más benévolo con los intereses de las prepagas, no contempla esta restricción.
Sin embargo, ni la oposición ni el oficialismo quieren pagar el costo político de dejar caer una ley de estas características. Por eso, algunos reconocían ayer por la noche que “es preferible contar con una ley, aunque sea la del oficialismo”, según dijeron a este diario fuentes opositoras. Si hubiera cambios a la media sanción, el proyecto volvería a Diputados y allí habría un año más para tratarlo.
Fuente: Página/12 - 16/11/10
Por Sebastián Premici
Los senadores de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia, todas presididas por la oposición, intentarán emitir hoy un dictamen sobre el proyecto de ley que pretende regular a las empresas de medicina prepaga. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara baja y, de no ser tratada este año en el recinto, perderá estado parlamentario. El Frente para la Victoria quiere aprobar la media sanción tal como llegó de Diputados, mientras que el radicalismo y algunos senadores del Peronismo Federal impulsan modificaciones de fondo, que coinciden con las objeciones realizadas por las propias empresas del sector.
Unas de las principales modificaciones tiene que ver con la autoridad de aplicación. La propuesta de Diputados fija como autoridad al Ministerio de Salud y las establecidas por la Ley de defensa del consumidor y defensa de la competencia, que dependen de la Secretaría de Comercio. Sin embargo, los cambios de la oposición quitan del medio las dos últimas normativas. “Con la excusa de dejar afuera a (Guillermo) Moreno, en realidad se deja desprotegidos a los usuarios frente a los abusos empresarios”, indicó a Página/12 Roberto Zorzoli, especialista en temas de defensa del consumidor y asesor técnico en la redacción de la ley.
El proyecto fue elaborado por las ex legisladoras Patricia Vaca Narvaja y Graciela Rosso (FpV), y establece que los usuarios no pueden ser excluidos de la prestación de las prepagas por enfermedades preexistentes. En cambio, la propuesta de la oposición fija como criterio que dichas condiciones de salud “podrán ser tenidas en cuenta a efectos de la admisión de nuevos usuarios”. Por otro lado, el proyecto que impulsa José Cano (UCR), el titular de la Comisión de Salud, pretende quitar de la normativa a las pequeñas empresas que brindan un servicio con un padrón de usuarios inferior a 5000, básicamente administradas por mutuales y cooperativas.
Uno de los puntos centrales de la media sanción tiene que ver con el Fondo Solidario de Redistribución, el famoso APE manejado por las obras sociales. “Este fondo se creó para que las pequeñas compañías puedan realizar prestaciones complejas. Pero la realidad indica que las grandes empresas utilizan el APE para financiar los tratamiento de HIV u oncológicos. Por eso esta ley impulsa que los planes superadores que ofrecen las prepagas en conjunto con las obras sociales realicen aportes al APE y por lo tanto no se financien con esos recursos”, agregó Zorzoli. El proyecto que impulsa Cano, más benévolo con los intereses de las prepagas, no contempla esta restricción.
Sin embargo, ni la oposición ni el oficialismo quieren pagar el costo político de dejar caer una ley de estas características. Por eso, algunos reconocían ayer por la noche que “es preferible contar con una ley, aunque sea la del oficialismo”, según dijeron a este diario fuentes opositoras. Si hubiera cambios a la media sanción, el proyecto volvería a Diputados y allí habría un año más para tratarlo.
Fuente: Página/12 - 16/11/10
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